Una parada de bus, llena durante el horario de los paros.
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El Consistorio descarta subir los servicios mínimos.
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La huelga arrastra ya más de un centenar de días de paros.
El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este miércoles la puesta en marcha del proceso para hacer una auditoría a Auzsa, concesionaria del transporte público de la ciudad, para conocer su estado económico. El Consistorio no se plantea incrementar los servicios mínimos de la huelga tras 112 días de paros.
Lo que sí ha solicitado el gobierno de la ciudad a los trabajadores es que suspendan la huelga mientras se realiza la auditoría, que se encargará a una empresa externa. Lo han anunciado en rueda de prensa el consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y la concejala de Movilidad, Teresa Artigas.
Ambos ediles han comparecido para valorar el resultado del referéndum convocado ayer por los trabajadores de Auzsa en el que el 74 % de los participantes rechazaron la última propuesta de la empresa, y que ha permitido, según Cubero, “conocer la postura de la plantilla”.
Seguir con la negociación
El equipo de gobierno insiste en que la negociación colectiva es la vía para solucionar este tipo de conflictos, si bien Cubero considera que la empresa “tiene que hacer una reflexión sobre el resultado de ayer y seguramente tenga que ceder también en esa mesa de negociación”.
Aunque Auzsa había condicionado volver a reunirse con los trabajadores a que se suspendan los paros, desde el gobierno se le ha instado a seguir negociando “sí o sí”, ha apuntado Artigas, quien se ha alegrado de que los trabajadores hayan solicitado al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (Sama) una nueva reunión.
La concejala ha reiterado que el Ayuntamiento “no va a poner ni un euro de dinero público porque la salida al conflicto tiene que venir del beneficio industrial y no de la ciudadanía”.
Para Alberto Cubero, “la posición de los trabajadores tiene la legitimidad de un referéndum”, mientras que el argumento de la empresa de falta de viabilidad económica “no es objetivable”.
Esta es la razón por la que el Ayuntamiento va a pedir la auditoría. “Para saber si es verdad que la viabilidad de la empresa está en riesgo y no hay margen de negociación”, ha explicado Cubero.
Los responsables del gobierno han asegurado que se van a agilizar los plazos con el fin de ponerla en marcha y tener el resultado lo más rápido posible. Mientras lo hacen, han solicitado al comité de empresa que se desconvoquen los paros.
“Hacemos todo lo que podemos”
En el caso de que la respuesta de los trabajadores a suspender la huelga sea negativa, la propuesta del equipo de gobierno será, ha dicho Cubero, seguir con “la hoja de ruta” que es, ha insistido, la auditoría. No ha precisado ningún otro tipo de medidas, como la posibilidad de aumentar los servicios mínimos.
No obstante, el consejero ha informado de que se han mantenido también contactos con los portavoces con el fin de convocar una reunión para “hacer una valoración conjunta y sosegada sobre la situación y la visión del conflicto”, no solo respecto a los servicios mínimos.
“Desde el gobierno municipal estamos haciendo todo lo que podemos; buscar cauces de encuentro en todas las partes y que sigan negociando”, ha asegurado Cubero, quien ha reconocido que “aunque la decisión de no poner dinero complica la solución, es la forma acertada”.
Respecto a la petición de responsabilidades que han formulado los grupos de la oposición, ambos han apuntado que “no es algo que vaya a solucionar el conflicto”, por lo que no tienen intención de dimitir.
Artigas ha precisado que la actuación se está llevando a cabo de manera consensuada desde el gobierno. “Somos las personas adecuadas”, asegura. Cubero, por su parte, se ha mostrado partidario de ampliar la participación al resto de los grupos.